La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga el apuñalamiento de una mujer a su pareja, ocurrido en la noche de este domingo en Alhama de Murcia. El primer aviso lo recibió la Policía Local del municipio en el que una testigo alertaba de una presunta agresión con arma blanca por parte de una mujer hacia su compañero sentimental, en lo que aparentaba ser un caso de violencia doméstica. Cuando los agentes se personaron en el domicilio de la presunta agresora, esta alegó que había apuñalado a su pareja «en defensa propia». Los policías realizaron una primera inspección de la vivienda de la pareja, y observaron varios signos de haberse producido una violenta disputa, por lo que la casa fue precintada para su posterior investigación judicial.
Por su parte, varias patrullas fueron movilizadas para buscar al hombre, que fue localizado cuando estaba siendo atendido por los servicios sanitarios, debido a unas heridas que presentaba en el torso. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia, donde fue atendido de las lesiones de carácter leve.
La mujer fue detenida por la presunta comisión de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica, mientras que su novio está acusado por malos tratos en el ámbito de la violencia de género. Las diligencias policiales practicadas fueron remitidas a la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.
La mujer se acercó al vehículo de su expareja, le agarró por el cuello con una mano y con la otra intentó clavarle varias veces una navaja de 16,50 centímetros
La Voz Oviedo 19/04/2021 12:55 h
La Fiscalía solicita 12 años de prisión y 13 de alejamiento para una mujer acusada de intentar asesinar al padre de su hijo de 5 años a la salida del colegio del menor, en Oviedo. El Ministerio Fiscal, que presentado el escrito de calificación ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, relata que los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, cuando la acusada, de 46 años y natural de Colombia, se acercó al vehículo de su expareja, con el que había mantenido una relación sentimental durante seis años, y padre de su hijo cuando éste se disponía a salir a recoger al menor en el colegio.
Según el relato fiscal, la mujer se le acercó por la espalda, le agarró por el cuello con una mano y con la otra intentó clavarle varias veces una navaja de cachas de madera de 16,50 centímetros, mientras le decía: «sabes que vas a morir aquí», «tú vas a morir aquí hoy».
La víctima esquivó el ataque echándose hacia atrás en el asiento del coche, momento que la procesada aprovechó para clavarle la navaja en el abdomen diciéndole: «de aquí no sales vivo», añade la Fiscalía. El hombre consiguió agarrar a la mujer de las manos y reducirla hasta que llegó la Policía.
La víctima sufrió una herida incisa en el abdomen de unos cuatro centímetros, que requirió de primera asistencia médica y puntos de sutura de la que tardó en curar 10 días y, según la Fiscalía, por el lugar donde se localizó la herida, pudo existir riesgo vital. La herida le ha dejado como secuela una cicatriz de 1,5 centímetros en región abdominal izquierda.
La Fiscalía solicita que a la pena de prisión de 12 años se sume una orden de alejamiento de 500 metros a la víctima y de comunicarse con ésta durante 15 años, así como el pago de una indemnización de 600 euros por las lesiones y secuelas sufridas, informa Efe.
La mujer, a la que la Audiencia impone 3 años y medio de prisión, lo acompañaba cada mes al banco. NOTICIA ACTUALIZADA 12/4/2021 A LAS 05:00
M. A. Coloma
La acusada acudió al juicio con su bebé, ya que no tenía a nadie con quien dejarlo
Tres años, seis meses y un día. Esa es la pena que la Audiencia de Zaragoza ha impuesto a una vecina del barrio de Casetas por aprovecharse de la relación de amistad que mantenía desde niña con un discapacitado intelectual para quitarle la paga mensual de 426 euros. Y no lo hizo ni una ni dos veces, sino durante casi tres años, logrando dejar prácticamente a cero la cuenta bancaria del hombre, que fue incapacitado judicialmente tras estos hechos y está ahora a cargo de la Comisión de Tutelas del Gobierno aragonés.
Además de Casandra H.G., de 28 años, en el banquillo de los acusados se sentó también su entonces pareja, Jonathan M.F., de 38. La Fiscalía y la acusación particular consideraban a ambos responsables de la estafa y solicitaban para ellos sendas penas de ocho años de cárcel. Sin embargo, el tribunal entiende que quien verdaderamente urdió el engaño fue la joven, por lo que absuelve al hombre y lo declara únicamente responsable civil a título lucrativo. En otras palabras, como se benefició del dinero obtenido por su pareja, también tendrá que colaborar a su devolución.
«Para mí era como un hermano. Nos hemos llevado muy bien. Cuando estaba enfermo me llamaba y yo lo ayudaba en lo que podía. Cuando trabajaba me hacía regalos, como yo a él», declaró la acusada durante el juicio. Pero su versión exculpatoria no ha convencido a los magistrados de la Sección Sexta, que la acusan de pergeñar una «torticera maniobra» para aprovecharse de la vulnerabilidad del denunciante y quedarse la paga que mensualmente le ingresaba el Instituto Nacional de Empleo (INEM).
A través de su sentencia, la Audiencia Provincial recuerda que la ahora condenada empezó a apropiarse del dinero en agosto de 2012 y continuó haciéndolo hasta mayo de 2015. Como principal prueba, el tribunal se apoya en el testimonio del discapacitado, que aunque con «monosílabos» y «con sus palabras», fue capaz de explicar en el juicio que se sentía «presionado» por Casandra H. G. y «tenía miedo». «La mujer le presionaba pidiéndole prestado el dinero y diciéndole que lo necesitaba para comida y medicamentos», dice la sentencia. La joven prometía siempre que devolvería estas sumas, pero nunca lo hizo, lo que provocó la presentación de la denuncia.
Contrató la luz a su nombre
Como prueba de que el único propósito de la encausada era sacar tajada de la especial vulnerabilidad del ahora tutelado, el ardid del que también se valió para conseguir que este les pagara la luz del piso. Haciéndose pasar por su mujer, llamó a Endesa y contrató el suministro a nombre del discapacitado. De hecho, en un momento dado, lo puso al teléfono para que facilitara sus datos personales a la operadora. La acusada consiguió así evitarse la factura eléctrica, que fue remitida a una cuenta bancaria del denunciante. Para entonces, la comisión de Tutelas se había hecho ya cargo de su contabilidad, por lo que los recibos no fueron abonados, aunque la compañía le reclamó una deuda de 1.145 euros.
Por todo esto, el tribunal considera a Casandra H. G. autora de un delito continuado de estafa agravada, por el que además de la pena de prisión le impone una multa de 1.620 euros. La mujer también estaba acusada de un delito de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y hurto, pero la Audiencia ha terminado absolviéndola de estos cargos.
La Audiencia Provincial de Valladolid ha absuelto a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina, de tres años, por considerar que la niña fue manipulada por la madre para perjudicar al padre y privarle de la custodia compartida.
Tras escuchar a la menor, a los progenitores y a pediatras y psicólogos, la Sección Cuarta de la Audiencia concluye que los hechos denunciados por la madre, que dijo que la menor había sido sometida a tocamientos por parte de un tío paterno durante la semana que le tocaba vivir con su padre, es falso y ha pedido que se abra una investigación contra la madre por denuncia falsa.
«No es que, al ser muy pequeña, no sepa dar detalles o, al no entender el alcance sexual de los hechos, no se sienta angustiada o atemorizada. Lo que evidencia el equipo psicosocial y así lo dice expresamente en juicio oral, es que los hechos no han ocurrido, no son ciertos, la menor ha sido claramente manipulada e inducida a decir cosas que no han ocurrido, es más, se le advirtió a la madre que esto podría estar perjudicando gravemente a la menor, se le conminó a no continuar con ello y ella hizo caso omiso», recoge la sentencia consultada por Ical.
Por esto motivo, el tribunal acuerda deducir testimonio contra la denunciante para que un juzgado investigue si ha cometido un delito de denuncia falsa. Habrá que esperar, para ello, a que la sentencia sea confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), momento en el que, además, la resolución será comunicada a los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León para que evalúen la relación de la madre con la hija.
Los magistrados de la Sección Cuarta, según fuentes del TSJ, consideran que ha resultado acreditado que la madre había manipulado y presionado a la menor para que dijera que el acusado la «había tocado el culo y el totete» y «que a ella no le gusta y le hace daño». La única finalidad, según sostienen los magistrados era de privar al padre de la menor de la custodia compartida e interrumpir definitivamente la relación de la menor con su familia paterna, «sin que se haya acreditado que ninguno de los hechos de la denuncia atribuida al acusado sea cierto».
Según la sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, la menor fue sometida a un alto nivel de manipulación, y lo que subyace, como se pone de manifiesto en los informes periciales, especialmente el psicosocial, es la oposición frontal de madre a la relación de la menor con la familia paterna.
En dicho estudio, apuntan los magistrados, «cohonesta claramente con la actitud que la menor muestra al padre» cuando éste le pregunta por los hechos denunciados, «diciéndole que ella no dice eso, que no es verdad, y que lo que pasa es que no quiere disgustar a su madre», quien le ha dicho que «tendrá que elegir entre ella o su padre, y ella no quiere elegir». La niña le dice al padre que «es mamá la que lo dice, no es verdad, me graba y me siento mal, porque no quiero que ella se enfade…».
El denunciado es pareja de la tía paterna de la menor, a cuya vivienda acudía la cría para jugar con sus primos.
En la sentencia también se afirma que «suponiendo para la madre un hecho extremadamente conflictivo la custodia compartida, decidió, con el único motivo que parece alumbrarse, de apartar definitivamente a la menor de su familia paterna, elaborar el relato que plasmó en la denuncia».
Además, también se argumenta que los testigos han acreditado que el acusado nunca estaba solo con la niña en su domicilio; que los pediatras no han observado ni física ni emocionalmente que la niña sufriera abusos y que las pruebas periciales también han descartando los abusos. «Sin lugar a dudas, de forma totalmente segura, nos llevan a considerar que, la menor ha resultado perjudicada por las motivaciones de su madre contra la familia paterna de la niña, lo que nos lleva, además de deducir testimonio contra ella por denuncia falsa y la absolución del acusado, enviar la sentencia a los Servicios Sociales a fin de que se efectúe evaluación sobre la relación de la menor con su madre, una vez firme la sentencia».
Una vecina de Toledo ha sido detenida por un presunto delito de violencia doméstica ejercido contra su marido en el barrio de Santa Bárbara. Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas de este domingo, cuando la agresora cortó a su pareja en la cara con una copa de cristal por hacer una fiesta con amigos en la casa en la que conviven.
Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Policía de que una mujer estaba gritando en el balcón de su vivienda. La Policía Local, que acudió de inmediato al lugar, ha relatado a través de sus perfiles en redes sociales que una de sus patrullas que encontró a «un varón sangrando en plena calle» a causa de «un corte en la cara», concretamente en la mejilla derecha.
Tras realizar las oportunas averiguaciones, en colaboración con la Policía Nacional, los agentes detuvieron a la mujer del agredido, que explicó que había sido herido por su pareja sentimental.
El herido fue atendido por una ambulancia y posteriormente trasladado al Hospital Virgen de la Salud, donde tras darle puntos de sutura se le dio el alta el mismo domingo. Mientras, la mujer fue detenida por un presunto delito de lesiones en el ámbito familiar.
«Respecto a la sentencia, como presidente del Gobierno, lo único que puedo hacer es respetarla y acatarla. Aunque, evidentemente, hay sentencias con las que uno se siente más cómodo que con otras. Pero lo voy a dejar ahí, porque soy el presidente del Gobierno». La frase la pronunció Pedro Sánchez el 28 de julio de 2018.
La localidad de Motril (Granada) se encuentra «consternada» por la muerte de una joven de 18 años a manos de su novia en la tarde del pasado martes en el cortijo donde ambas residían, hechos que la presunta homicida confesó tras presentarse de forma voluntaria en dependencias policiales, según ha relatado a Europa Press la alcaldesa de este municipio costero, Luisa García Chamorro.
Los hechos ocurrieron en una casa aislada del Camino de la Pataura, donde los agentes localizaron el cadáver de esta joven de 18 años con «evidentes signos de violencia». El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para que se le practique la autopsia que determinará las causas exactas de la muerte, según ha informado la Policía Nacional en una nota.
Este miércoles, agentes especializados de la Comisaría General de Policía Científica desplazados desde Madrid se encuentran en el lugar de los hechos realizando una inspección ocular técnico-policial para recabar pruebas y esclarecer lo sucedido. El Juzgado ha decretado el secreto de sumario sobre estas actuaciones.
El Ayuntamiento de Motril ha convocado una concentración silenciosa a las 11,45 horas en repulsa por este «nuevo caso de violencia doméstica». Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen podría haberse derivado de una discusión entre ambas, según detallaron fuentes de la Policía Nacional, que mantiene detenida a la presunta agresora, de 34 años, después de que se presentara en dependencias policiales en torno sobre las 14,50 horas para informar de la muerte de esta mujer con la que convivía y presuntamente mantenía una relación sentimental.
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha relatado a Europa Press que en el municipio están «muy consternados» con lo ocurrido, que ha afectado a dos vecinas del popular barrio del Varadero, situado junto al puerto. Ha explicado que cuando trascendieron los hechos hubo cierta confusión ante la posibilidad de que la víctima fuera menor de edad, algo que posteriormente se descartó.
En todo caso, el crimen ha generado mucho «revuelo» en la localidad, especialmente en el barrio donde residían, donde esta pasada noche ha habido un dispositivo especial de seguridad para evitar problemas. Según ha confirmado la regidora, fue la presunta autora quien se presentó de forma voluntaria en dependencias policiales para «confesar que había matado a su pareja».
La sentencia declara probado que la mujer, con la intención de acabar con la vida de su marido, le cortó trozos de carne y piel de un brazo, lo que le provocó una hemorragia masiva y un shock hipovolémico.
La mujer rusa acusada de asesinar a su marido en 2016 en Cala Millor durante el juicio ISAAC BUJ EUROPA PRESS
El juez ha condenado a Svetlana B., declarada culpable del homicidio de su marido en Cala Millor en 2016, a una pena de 14 años de cárcel. La mujer, que fue juzgada por un Tribunal del Jurado, mantuvo su inocencia durante el juicio y aseguró que los perros de la familia, de raza peligrosa, fueron los responsables de la muerte del anciano, un alemán de unos 70 años.
Según el veredicto emitido por el Jurado, la sentencia declara probado que la mujer, con la intención de acabar con la vida de su marido, le cortó trozos de carne y piel de un brazo, lo que le provocó una hemorragia masiva y un shock hipovolémico.
La sentencia también declara acreditado que los perros que vivían con ellos en la casa, Lord y Linda, de forma espontánea atacaron y mordieron el cuerpo del hombre cuando éste ya había fallecido.
Así, el Jurado no aceptó la versión de la Fiscalía, que acusaba a la mujer de haber dado de comer a los perros trozos de carne de la víctima y haberlos azuzado para que le mordieran, y le imputaba un delito de asesinato, que implicaría una condena mayor. Los jurados entendieron, en vista del informe forense, que las heridas de los perros fueron posteriores a la muerte.
El juez ha apreciado la agravante de parentesco, puesto que la pareja había contraído matrimonio en enero de 2016, tres meses antes del crimen. El magistrado también entiende que en este caso, la muerte violenta del hombre a manos de su esposa «se halla estrechamente vinculada» a la convivencia matrimonial, «lo que reviste un mayor reproche a la conducta de la acusada». Los jurados no consideraron probado que la mujer sufriera ninguna alteración psicológica ni que tuviera sus facultades mentales afectadas por el consumo de tóxicos.
En cuanto a la pena a imponer, el juez considera que la actuación de la mujer «reviste una extrema gravedad, no sólo por el hecho de privar a una persona del derecho más preciado, que es el derecho a la vida, sino por la frialdad de ánimo que revela su conducta». Tiene en cuenta la limitada capacidad de la víctima para defenderse, debido a su precario estado de salud, y también que la mujer no llamó en ningún momento a los servicios de emergencia.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer de 39 años como presunta autora de un delito de simulación de delito tras denunciar haber sufrido una agresión sexual que no había sucedido, cuando en realidad había estado con una amiga de fiesta.
Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes que una mujer se había presentado en un puesto de la Guardia Civil en Valencia y manifestaba que había sido agredida sexualmente por tres hombres y que no recordaba parte de la noche.
Inmediatamente se hizo cargo de la investigación la UFAM de la Policía Nacional y la víctima fue trasladada al hospital. Al parecer, y según había manifestado la mujer el día anterior, había estado con una amiga y habían conocido a tres hombres con los que posteriormente se quedó sola fumando y bebiendo con ellos.
La mujer no recordaba nada más hasta que se despertó a la mañana siguiente en un banco de la ciudad con la ropa interior desabrochada y dolor en la zona genital, por lo que acudió a un puesto de la Guardia Civil, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Las pesquisas realizadas por los policías permitieron localizar a la amiga con la que había estado el día de los hechos, quien dio una versión totalmente diferente de lo sucedido hasta el momento en el que se separaron y negó que hubieran conocido a nadie en el rato que estuvieron juntas.
Con esta nueva información, los agentes hablaron nuevamente con la víctima, que había pospuesto varios días la declaración, y que en un primer momento descalificó la declaración de su amiga para posteriormente reconocer que se lo había inventado.
Finalmente, la mujer ha confesado que había pasado la noche con otra amiga y no quería disgustar a su familia, por lo que ha sido detenida como autora de un delito de simulación de delito. La detenida, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.
El cabo primero ha presentado ante el Supremo un escrito en el que la denunciante reconoce que le acusó para cobrar una ayuda
Fecha 18/01/21access_time 1:02 Compartir
Un cabo primero del Ejército de Tierra fue expulsado de las Fuerzas Armadas en octubre de 2018 tras ser condenado por un delito de violencia de género.about:blank
La ley de tropa y marinería en su artículo 10.2.i) recoge que se dará por finalizado el compromiso con las Fuerzas Armadas “(…) Por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración el tipo de delito y la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso, previa tramitación de un expediente administrativo con audiencia del interesado”. PUBLICIDAD
Actualmente, el militar se encuentra recurriendo la sentencia ante el Supremo alegando que, de conformidad con la modificación de la norma sobre Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas en 2014 se deberá tener en consideración el tipo de delito y la pena impuesta. Además, la audiencia del interesado nunca tuvo lugar.
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Confidencial Digital ha tenido acceso a las cartas que hizo llegar la denunciante al cabo en las que reconoció la falsedad de su denuncia.
Tras pasar cuatro días en prisión, su abogado de oficio le comunicó las dos opciones que tenía. Podía aceptar una condena de conformidad o volver a prisión preventiva de 8 a 9 meses como mínimo hasta que saliera el juicio.
El militar que presentaba un cuadro de ansiedad, que ECD ha podido contrastar con el parte médico del efectivo, acabó decantándose por la condena de conformidad y fue expulsado del Ejército. En casa le esperaba su nueva pareja que, viviendo un embarazo de riesgo, ECD ha podido contrastar el parte médico de aborto diferido de su mujer, que acabó perdiendo al niño el día 9 de junio, mientras el militar permanecía bajo arresto.
El 3 de octubre de 2018 se hizo efectiva la resolución del compromiso con las Fuerzas Armadas.
Una ‘supuesta’ denuncia falsa
Unos días después de la denuncia, con el militar en libertad, la denunciante le hizo llegar varias notas a las que ECD ha tenido acceso.
En una de ellas, la expareja reconoce que se inventó la denuncia: “Me equivoqué inventándome toda esta historia de la violencia de género. Mi amiga (…) me volvió loca con el rollo de cobrar una ayuda y me dejé llevar, lo siento. (…)”.
En otra nota que acompaña de una fotocopia de su DNI, la expareja declara que realizó la denuncia tras una discusión, que fue como otra cualquiera y que se fue de las manos por los efectos del alcohol de ambos.
ECD ha tratado de ponerse en contacto con la denunciante sin obtener respuesta por su parte.
Recurso de casación
El cabo primero solicita ser readmitido en las Fuerzas Armadas. Ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo ya que, de conformidad con la modificación de la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 8/2014, un delito doloso no suponga la expulsión inmediata, sino que tenga en cuenta la pena impuesta y el tipo de delito.
En el recurso, revisado por ECD, alegan un erróneo o desproporcionado examen de las exigencias en la valoración del caso, lo cual motiva su disconformidad y desacuerdo con la sentencia condenatoria.
Además, ha presentado todas las pruebas que sostienen que la denuncia por violencia de género fue falsa junto a los informes favorables de sus superiores.
Nieves Moreno Gallardo 